La sequía empieza mucho antes de que una familia aparezca en un informe como población en crisis. Empieza cuando la milpa no crece, cuando el maíz apenas alcanza unos centímetros y cuando una cosecha que debía alimentar varios meses deja de existir. En las comunidades de Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita, en el oriente de Guatemala, este año muchas familias vieron cómo la tierra dejaba de sostener lo que durante generaciones había sostenido la vida cotidiana.

En Chiquimula y Jalapa, menos del 3 % de las plantaciones sobrevivió. Ocho de cada diez hogares que reportaron pérdidas, perdieron entre el 75 % y la totalidad de su maíz. La sequía afectó más de 226 mil hectáreas, la mayor superficie afectada en una década, y el MAGA estimó pérdidas por Q1,087 millones. En 15 municipios de Chiquimula y Jutiapa se declaró alerta roja y al menos 113,800 familias fueron identificadas como afectadas.

Pero una cifra como esta todavía dice poco sobre cómo cambia la vida dentro de una casa.

Cuando la milpa deja de sostener la vida

Una familia que pierde su cosecha necesita resolver, casi de inmediato, cómo conseguir el siguiente alimento. La intención de sembrar postrera cayó 62 %, mientras dos de cada tres hogares que todavía tenían maíz en agosto, calculaban que les alcanzaría para tres semanas o menos. Al mismo tiempo, el precio del quintal de maíz pasó de Q260 a Q360 y el de frijol rondaba los Q410.

Cuando el dinero no alcanza, las decisiones suelen hacerse dentro de la casa, una detrás de otra. Se come menos. Se compra menos. Se vende algún animal, una herramienta o algo que pueda convertirse en efectivo. Se pide prestado. Alguien busca trabajo fuera de la comunidad.

Las familias afectadas por la pérdida de la cosecha enfrentan, en términos generales, estas posibilidades: reducir el consumo, endeudarse o vender bienes, o salir del territorio en busca de ingresos. Sin embargo, las consecuencias no se distribuyen de la misma manera entre quienes integran el hogar.

Ahí comienza una historia que las estadísticas generales todavía no alcanzan a contar.

¿Qué sucede con ella?

Imaginemos a una mujer que vive en alguno de esos municipios. No tiene nombre porque no estamos hablando de un testimonio específico. Es una construcción a partir de los datos disponibles, precisamente para preguntarnos qué ocurre con las mujeres que quedan ocultas cuando las estadísticas hablan de “familias” u “hogares”.

Sabemos que aproximadamente una de cada seis mujeres guatemaltecas de 15 años o más reporta alguna dificultad para ver, oír, caminar, recordar, comunicarse o realizar actividades de autocuidado. También sabemos que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores riesgos de violencia económica: casi una de cada cinco ha experimentado este tipo de violencia, frente a 14 de cada 100 mujeres sin discapacidad.

En una situación de escasez, entonces, la pregunta no es solamente cuánto alimento entra en una casa. También importa quién decide cómo se distribuye y qué necesidades se consideran prioritarias.

Cuando los recursos disminuyen, pueden desaparecer primero los gastos que parecen prescindibles: el transporte hacia un puesto de salud, un medicamento que debe tomarse diariamente, la batería de un aparato auditivo, la reparación de una silla de ruedas o las horas de la persona que brinda apoyo. Para una mujer con discapacidad, cada una de estas decisiones puede significar una pérdida adicional de autonomía, movilidad, comunicación o acceso a servicios.

La migración temporal también puede profundizar esas diferencias. Quienes tienen mayores posibilidades de desplazarse y trabajar pueden salir de la comunidad. Quienes necesitan apoyos para movilizarse o realizar determinadas actividades pueden quedarse, con menos alimentos disponibles, más responsabilidades de cuidado y una mayor incertidumbre sobre los ingresos que lleguen desde fuera.

Una bolsa de alimentos no cuenta toda la historia

La respuesta estatal frente a una emergencia alimentaria suele organizarse alrededor de una unidad sencilla: el hogar. Se registra una familia, se entrega una bolsa o una canasta y se contabiliza esa entrega.

El problema aparece cuando observamos lo que sucede después de que la ayuda cruza la puerta.

Una de las respuestas previstas contempla una canasta con 100 libras de maíz, 30 de frijol, 10 de arroz y una botella de aceite. Para que esa ayuda llegue, sin embargo, una persona debe estar registrada, llegar al punto de distribución, esperar, presentar su DPI y, en algunos casos, trasladar una carga que puede alcanzar las 100 libras.

Ese procedimiento puede dejar fuera a quien no puede caminar hasta el lugar, a quien no escuchó el anuncio, a quien no puede salir de casa sin apoyo o a quien no tiene dinero para pagar el transporte de la carga.

Así, una barrera de accesibilidad puede convertirse en una barrera para recibir alimentos. Y una persona que no aparece en el registro puede terminar convertida, estadísticamente, en una persona cuya necesidad tampoco aparece.

El derecho a la alimentación, al agua y a la protección social está reconocido para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, además, obligaciones específicas en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. La Recomendación General 37 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también recuerda que los desastres y las crisis deben analizarse considerando sus dimensiones de género.

Cuando la dependencia aumenta

Hay una paradoja importante en las emergencias: una medida diseñada para ayudar, puede no alcanzar a quienes más necesitan apoyos para acceder a ella.

Los sistemas de focalización pueden identificar hogares afectados, pero una mujer con discapacidad no necesariamente tiene las mismas posibilidades que otras personas de llegar a un punto de distribución, completar un trámite o transportar lo recibido. Si además depende de otra persona para movilizarse, comunicarse o realizar determinadas actividades, su acceso a la ayuda puede quedar condicionado por la disponibilidad de ese apoyo.

Esto también tiene una dimensión económica. En tiempos de escasez, las decisiones sobre qué se compra, qué se vende y qué se deja de pagar pueden aumentar situaciones de dependencia que ya existían.

Por eso, mirar únicamente la cantidad de alimentos entregados no permite saber si la respuesta llegó efectivamente a todas las personas que necesitaban recibirla.

El cuerpo también siente la sequía

La escasez de alimentos y agua no se queda en la cocina. Tiene efectos sobre los cuerpos.

Para una mujer embarazada, por ejemplo, atravesar un periodo de hambre puede aumentar riesgos relacionados con anemia, bajo peso al nacer y parto prematuro. Pero incluso cuando existe un servicio de salud cercano, llegar hasta él puede requerir transporte y apoyos que no siempre están disponibles.

Las barreras pueden aparecer también dentro de los servicios: una camilla ginecológica que no permite el acceso de una mujer con discapacidad física, la ausencia de interpretación en lengua de señas o situaciones en las que el personal sanitario se dirige a la persona acompañante en lugar de hablar directamente con la mujer.

La escasez de agua tiene además consecuencias en la salud íntima y en la gestión de la menstruación. Cuando faltan agua, jabón, toallas u otros recursos básicos, necesidades que ya son difíciles de resolver en condiciones de pobreza pueden convertirse en obstáculos cotidianos todavía mayores.

La violencia tampoco desaparece durante una emergencia. Los datos disponibles señalan que las mujeres con discapacidad están más expuestas a la violencia de pareja y que muchas no conocen los mecanismos disponibles para buscar ayuda.

Lo que los padrones no alcanzan a mostrar

Los sistemas de información son fundamentales para responder a una emergencia, pero también pueden producir puntos ciegos cuando las categorías utilizadas no permiten observar determinadas desigualdades.

La situación alimentaria de Chiquimula aparece clasificada en Fase 2, una categoría que también está influida por la asistencia humanitaria que se está proporcionando. Esto plantea una pregunta relevante: ¿el indicador está reflejando solamente el nivel de hambre o también la capacidad de la ayuda para contener temporalmente sus efectos?

La respuesta importa especialmente cuando sabemos que la asistencia está prevista hasta diciembre. Si la ayuda disminuye o termina después de ese mes, puede hacerse visible una situación que durante algunos meses permaneció parcialmente contenida.

Por eso enero importa.

No solamente porque cambie el calendario, sino porque puede cambiar la cantidad de alimentos disponibles, la capacidad de las familias para comprar y la posibilidad de continuar pagando aquello que permite a una mujer con discapacidad sostener su vida cotidiana.

Diciembre no es el final

Decir que la emergencia llega hasta diciembre puede resultar engañoso cuando la causa que la produjo continúa presente.

La sequía no termina porque termine una partida presupuestaria. El hambre tampoco se ajusta al cierre de un programa.

Si una familia ya perdió su cosecha, necesitará alimentos después de diciembre. Si una mujer dejó de acudir a un servicio de salud porque ya no pudo pagar el transporte, necesitará otra solución. Si se dejó de comprar un medicamento, una batería para un aparato auditivo o un servicio de apoyo porque el dinero se destinó a comida, esa necesidad no desaparece cuando se entrega la siguiente canasta.

La planificación de la respuesta debería considerar desde ahora qué ocurrirá después de diciembre y cómo se identificarán las necesidades de las mujeres con discapacidad dentro de las comunidades afectadas.

Escuchar también es responder

Hay medidas concretas que pueden cambiar la forma en que la ayuda llega.

Registrar a las mujeres con discapacidad por su propio nombre, y no únicamente como parte de un hogar encabezado por otra persona, permite reconocerlas como titulares de derechos. Llevar los alimentos hasta sus viviendas o permitir que ellas elijan a una persona de confianza para recibirlos puede reducir barreras de movilidad. Adaptar horarios y lugares de distribución, incorporar lengua de señas, formatos de lectura fácil y mecanismos de comunicación comunitaria puede hacer que una ayuda existente sea realmente accesible.

También existen herramientas para mejorar la identificación de las personas con discapacidad. Las preguntas breves del Grupo de Washington ya son utilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y pueden contribuir a generar información más desagregada.

Pero hay algo que los formularios no pueden resolver por sí solos: escuchar a las propias mujeres.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de consultar estrechamente y colaborar activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, cuando se elaboran políticas y decisiones que les afectan.

¿Qué significa financiar una respuesta que realmente llegue?

Para quienes financian respuestas humanitarias, programas de protección social o iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, la pregunta no debería limitarse a cuántas familias recibirán alimentos.

También importa saber quiénes quedan fuera, qué barreras enfrentan y qué recursos necesitan las organizaciones comunitarias para llegar hasta ellas.

Financiar una respuesta accesible puede significar apoyar mecanismos de identificación y registro, transporte hasta las comunidades, comunicación accesible, redes locales de apoyo, acompañamiento para mujeres que enfrentan violencia o acciones que permitan que las propias organizaciones de mujeres con discapacidad participen en las decisiones.

No se trata de crear una respuesta paralela. Se trata de mirar con mayor precisión la respuesta que ya existe y preguntarse quién puede utilizarla en igualdad de condiciones.

Una radiografía de lo que todavía podemos cambiar

La mujer de Olopa que aparece en este texto no tiene nombre porque no es una entrevistada. Es una imagen construida a partir de datos que existen, pero que rara vez aparecen juntos. El propósito de reunirlos es precisamente mostrar aquello que puede desaparecer cuando hablamos únicamente de hogares, familias, toneladas de maíz o miles de personas afectadas.

Sabemos cuánto maíz se perdió. Sabemos cuánto aumentaron algunos alimentos. Sabemos cuántas familias están afectadas y cuántas personas podrían encontrarse en situación de crisis alimentaria. También contamos con información sobre discapacidad, violencia, acceso a servicios y protección social.

La pregunta es qué sucede cuando ponemos esas piezas una junto a otra.

Entonces aparece una realidad más compleja: la sequía no afecta a todas las personas de la misma manera y una respuesta que contabiliza hogares puede dejar sin nombre a quienes dentro de esos hogares enfrentan barreras específicas.

En Conectivas creemos que mirar esa parte de la realidad también es una forma de responder. Porque antes de enero todavía hay decisiones que pueden tomarse: sobre los registros, sobre la distribución, sobre los recursos, sobre la accesibilidad y, sobre todo, sobre quiénes participan en las decisiones que determinarán qué ocurre cuando la ayuda deje de llegar.

La sequía puede haber comenzado en la tierra, pero sus consecuencias se deciden también en otros lugares: en los presupuestos, en los padrones, en las comunidades y en las mesas donde se planifica la respuesta.

Y allí todavía hay tiempo para cambiar quién queda dentro de la fotografía.

Relato: equipo editorial de Conectivas.