La institucionalización de las personas con discapacidad, es una realidad heredada del modelo tradicional y del modelo médico de la discapacidad, es algo que se da generalizado y en todo el mundo.
La institucionalización persiste, aun siendo adoptada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y ratificada por Guatemala y por muchos otros países del mundo. “Esta reconoce que la institucionalización forzada, que es lo que ocurre con más frecuencia, es una violación a los derechos de las personas con discapacidad, porque para empezar las priva de su libertad y de poder vivir en comunidad. También ocurren institucionalizaciones con consentimiento, pero son la minoría”, nos cuenta Silvia Quan.
A partir de que se aprobó la convención, hay una conciencia de desinstitucionalizar a las personas con discapacidad. Una de las principales aspiraciones de las personas con discapacidad es poder vivir en comunidad y realizar actividades en las que están incluidas otras personas, como la educación, la recreación, la política, la salud y todo lo demás. Cuando una persona es institucionalizada, todos sus derechos están restringidos.
En la historia, los países que tenían una mayor riqueza, como países de Europa del Este o la antigua Unión Soviética, por muchos años crearon instituciones gigantes que institucionalizaban hasta 5,000 personas y todavía existe esta práctica. En Guatemala y en general en América Latina no ocurría de la misma forma, una de las principales causas es la falta de recursos, siendo países pobres y con una gran desigualdad no era posible hacerlo en esa dimensión, claro que la economía empezó a crecer, pero no era así hace unos 100 años.
Aunque esto no significa que estas instituciones no existan, siempre lo han hecho tanto privadas como públicas. Una de las acciones que se promueve para la desinstitucionalización de las personas, es el monitoreo continuo, esto implica ingresar a los lugares, observar cuáles son las condiciones y documentarlo, especialmente si hay una violación a los derechos. La institucionalización en sí misma, ya es una violación a los derechos. Lamentablemente, dentro de estos lugares muchas veces disfrazados de “centros de rehabilitación” para adictos a las drogas, “centros de desintoxicación”, “asilos de ancianos”, siempre se encuentran casos así.
“Las instituciones existen porque la sociedad quiere mantener a las personas encerradas, porque no saben qué hacer con ellas”, indica Silvia. Claro, en un lugar cerrado y sin nadie que se interese por saber qué pasa adentro, es muy fácil que existan distintos tipos de violencias sin que nadie se entere.
Es muy necesario velar porque estas violaciones a los derechos humanos se detengan, y cuando sean documentadas, presentar acciones legales. Que sea un trabajo paralelo. La mayoría de personas que promueven los derechos de las personas con discapacidad y organizaciones, pero también otras instituciones que tienen el mandato legal de monitoreo, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) o el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, no saben cómo llevar a cabo una supervisión institucional en lugares donde hay personas con discapacidad.
La expertise o entrenamiento de las personas encargadas, está enfocado en atender cárceles, entonces comprenden que; por ejemplo, entrar a instituciones psiquiátricas, como el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, es igual a entrar a una cárcel. No están en el Sistema Penitenciario, pero las personas con discapacidad están privadas de su libertad.
Disability Rights International (DRI), es una organización que se enfoca en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad y observa con preocupación que las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPDs), en su mayoría, no saben cómo hacer un monitoreo de esta naturaleza, en donde siempre se encuentran a personas con discapacidad.
Entre las acciones promovidas por DRI, se encuentra realizar una encuesta a OPDs e instituciones del Estado y que también se encuentra disponible para la sociedad civil, respecto a cuál es su conocimiento de las instituciones donde hay personas con discapacidad. El objetivo es detectar los vacíos de conocimientos y experiencias y a partir de un análisis de la respuestas, se pueda desarrollar un programa de capacitación para que las OPDs puedan adquirir las herramientas para realizar monitoreos y visitas “in loco” (presenciales) a las instituciones para saber:
- ¿Qué observar?
- ¿Cómo entrevistar?
- ¿Cómo identificar violaciones a los derechos humanos?
- Documentar
Uno de los resultados más importantes sería la realización de informes, que puedan ser utilizados para hacer incidencia y/o denuncias. En la actualidad, hay muy pocas personas y organizaciones que se dedican a la desinstitucionalización de las personas con discapacidad.
Causas de la institucionalización
Para empezar a mencionar algunas de las causas principales de la institucionalización de personas, se debe hacer una separación de los países con mayores ingresos y países con menores ingresos, las desigualdades siempre traen consigo consecuencias y hacen a las personas vulnerables. “El origen es el mismo, creer que las personas con discapacidad son una carga para la sociedad y lo mejor es que se haga cargo el Estado”. Indica Silvia. En los países ricos eso sucede, pero en países como Guatemala, surgen una gran cantidad de instituciones de las cuales se desconoce el número total, pero están regularmente bajo un “cuidado” ligado a la religión.
Es una paradoja, un lugar religioso que se adjudica el acogimiento de personas con discapacidad, pero que maltrata a las personas y viola sus derechos.
Las familias que no tienen información, herramientas y recursos para brindarle lo necesario a una persona con discapacidad, específicamente en situaciones como la discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple que requieren en ocasiones más asistencias y apoyos para tener una vida autónoma, optan por la institucionalización y no siempre es su deseo. Estas familias viven regularmente en contextos de pobreza y pobreza extrema, en donde con dificultad se puede conseguir alimento siendo una persona sin discapacidad, una persona con discapacidad no solamente implica también poder comer, requiere la atención de otras necesidades, que como todo, tiene un costo, que para muchos todavía es invisible. Un tema común, pero poco escuchado, el costo de vivir con discapacidad.
“Esa es la opción que queda y hay que decir que estas familias tampoco saben que en estas instituciones ocurren muchas violaciones a los derechos humanos y tampoco se le pregunta a la persona, porque a veces también no saben cómo comunicarse con ella y aunque puedan comunicarse, tampoco les preguntan porque no tienen otra alternativa”. Cuenta Silvia.
El Estado también está implicado en la institucionalización, porque está obligado a crear servicios en todas las regiones para brindar apoyos y asistencias a las personas con discapacidad, pero en Guatemala no existen o hay muy pocos. A veces las únicas instituciones que están más cercanas a las personas y no en todos los lugares, como las áreas rurales, es una clínica, un hospital, la escuela y las autoridades que las atienden en esos lugares, como el médico, el trabajador social, el Alcalde cuando se acercan a las municipalidades, la maestra, el psicólogo y demás personas relacionadas, les dicen que institucionalizarlas es la única opción.
Las estadísticas son vivencias
Silvia Quan trabajó en la PDH y sabe que existen casos de personas con discapacidad que no están institucionalizadas, pero se convierten en vivir una casa dentro de una jaula, amarradas o encadenadas. Un niño con discapacidad visual, al que recuerda, su madre falleció debido a las pandillas que rodeaban su entorno, una familia muy pobre, y en la que la abuelita pasó a ser la encargada y tenía que salir a trabajar. Salía todo el día a lavar y planchar, mientras dejaba al niño de unos cinco o seis años dentro de una caja, con la radio encendida. Él no había aprendido a caminar porque se mantenía en la caja todo el tiempo, pero sabía cantar y repetir todo lo que escuchaba en la radio, como los anuncios.
No se comunicaba verbalmente, como cuando se entabla una conversación, pero sí repetía lo que escuchaba. Ya cuando inició un proceso de acompañamiento para su desarrollo y sus necesidades requeridas, fue adquiriendo más destrezas, pero son historias que siguen sucediendo porque las familias no tienen apoyos.
La encuesta de DRI es internacional y los países que desean responderla, pueden hacerlo, pero las organizaciones o instituciones que desean hacer monitoreo y supervisión, deben tener la capacidad de gestionar solas o con los apoyos que reciben, el ingreso a una institución.
DRI trabaja directamente con el Colectivo Vida Independiente, quien lo preside Silvia Quan y el colectivo ha gestionado el ingreso al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora y algunas otras instituciones privadas para monitoreo, pero cada una tiene sus propias normas y según esas normas, se debe gestionar para poder hacer el ingreso.
La vida fuera de una institución
No hay una respuesta exacta o única para saber qué ocurre después de la desinstitucionalización de una persona, porque cada una es distinta y requiere apoyos y asistencias diferentes, personalizados e individualizados.
La mayoría de las personas con discapacidad que se encuentran en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, pueden ser desinstitucionalizadas, si tienen los apoyos para hacerlo. Silvia, junto al Colectivo Vida Independiente tuvieron la oportunidad de acompañar uno de los procesos de dos hermanos.
Ellos fueron institucionalizados cuando su madre murió, porque se quedaron solos. Siempre conservaron su casa a la que regresaron después de su desinstitucionalización. El colectivo los ayudó a reorganizar su casa, había estado en abandono durante los años que ellos no pudieron habitarla, aproximadamente más de cinco años.
La Doctora Recinos, psiquiatra, también fue un apoyo durante este proceso por el medicamento que necesitaban los hermanos, pero más que un medicamento que era mínimo, “ellos necesitaban un apoyo social”. Cuenta Silvia.
Silvia recalca que el apoyo social es lo que más necesitan las personas que están institucionalizadas. El Estado, sigue sin comprenderlo, piensa que lo único que necesita una persona con discapacidad es medicamento y alguien responsable de dárselo.
Reorganizar su casa era una tarea y también poder acompañarlos para mejorar su alimentación para que fuera más adecuada y saludable, se alimentaban de golosinas y de gaseosas, esa era su dieta principal. Ellos fallecieron muy pronto, el menor lo hizo antes por la diabetes que desarrolló a partir de su alimentación y la falta de control de la enfermedad, le fascinaba una gaseosa de cola y la tomaba como si fuera agua pura. También la higiene era un tema que debían aprender, todo el acompañamiento se enfocaba en un aspecto social.
Un año duró poder reorganizar su casa y también su vida, pero la satisfacción que obtuvo el colectivo no se compara, porque si la comunidad y el Estado responden, los casos de desinstitucionalización se pueden lograr sin excusas. Las personas no quieren estar institucionalizadas y muchas tienen familias, lo correcto sería que puedan tener todas las condiciones necesarias para vivir con ellas y por eso el acompañamiento debe ser junto a la familia.
Hay que desmitificar y reeducar, la discapacidad no es una enfermedad, un pecado ni un castigo, tampoco es un mal de ojo como todavía se cree. Siempre habrán casos en los que las personas no tienen familia, como los hermanos, pero sus vecinos y sus redes de apoyos fueron quienes se convirtieron en sus familias.
No todas las personas necesitan recibir atención las 24 horas, y en esos casos, es importante los relevos para poder sostener y sostenerse.
A pesar de tener un litigio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado sigue sin preguntar, ni escuchar las propuestas de las personas con discapacidad y para muchas personas, como Silvia, es muy frustrante porque ese litigio inició desde el año 2012. 14 años de un Estado que no hace bien las cosas por no consultar y así se continúa sin avances.
14 años, en el que el litigio ha consistido en intercambio de documentos, puntos de vista, opiniones, argumentos, pero sin leer realmente a las personas con discapacidad que saben qué hacer por la desinstitucionalización. Cada reunión ha sido propuesta por las personas con discapacidad, a pesar de los medios que hay para una fácil conexión como las plataformas virtuales, las personas que trabajan en las instituciones del Estado, siguen con una limitada apertura a escuchar.
“Ahorita ya estamos en una fase jurisdiccional, así le decimos, porque al principio estábamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitía recomendaciones, pero no son vinculantes. El caso ya pasó ante la Corte, y el Estado sí estaría obligado a cumplir con la sentencia que esperamos salga a finales de este año o en el primer semestre del año 2027, acorde a lo que estamos solicitando”.
Lamentablemente una sentencia no es una garantía, porque Guatemala se caracteriza por incumplir o cumplir con ellas muy despacio. Un ejemplo son tantas sentencias en contra del Estado por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, que cumple algunas como cuentagotas, gracias a las presiones que realizan las organizaciones por quienes vivieron el conflicto y continúan sintiendo las consecuencias.
El Estado, la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), están trabajando en un plan que está mal hecho y Silvia Quan ya se los ha dicho. Ellos la conocen y siguen sin preguntarle y consultar para trabajar de forma adecuada, ¿en dónde está el “Nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras”? “Yo estoy abierta a hablar con ellos, pero nunca me han preguntado”.
“Yo espero que las nuevas institucionalizaciones se detengan y la atención comunitaria sea la transición para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad”.
Autora: redacción Conectivas.











