Mi nombre es Dina Lémus Díaz, resido en una aldea del departamento de Izabal, con un clima cálido, pero lleno de vegetación, donde la principal fuente de ingresos es la agricultura. En el marco del Día Internacional del Trabajo, es importante visibilizar esta fecha, que reconoce la lucha por los derechos laborales y representa un día de descanso; sin embargo, quienes trabajan en la economía informal, muchas veces deben continuar sus actividades diarias para subsistir.

Crecí en el seno de una familia que me inculcó desde muy pequeña valores fundamentales como el emprendimiento, la responsabilidad, la constancia, la entrega, el compromiso y, sobre todo, la independencia.

Vivir en el área rural, implicó enfrentar múltiples limitaciones, especialmente en el acceso a la educación superior, ya que cuando quería estudiar, no existían oportunidades cercanas para cursar estudios universitarios. Además, desconocía completamente temas relacionados con la inclusión y las adecuaciones curriculares.

A pesar de estos desafíos, decidí asumir cada reto con la firme convicción de superarme. Mi proceso educativo no fue fácil: mientras otros avanzaban con normalidad, yo debía esforzarme el triple o incluso más para alcanzar los mismos objetivos. Sin embargo, en ese camino también encontré personas valiosas: compañeros y maestros que me brindaron apoyo incondicional, a quienes llevo siempre en mi corazón con profunda gratitud.

Nuestra comunidad ha sido fuertemente afectada por fenómenos naturales, como el huracán Mitch y la tormenta tropical Eta e Iota. Estas experiencias han marcado profundamente nuestra forma de vivir y de salir adelante, por eso, uno de los temas que se debe poner sobre la mesa, es la situación laboral de las personas con discapacidad en Guatemala. 

Si hablamos del sector público, el 1% cuenta con un empleo dentro del Estado, mientras que la gran mayoría sobrevive en la economía informal. Es fundamental reconocer que la economía informal, también sostiene a nuestra sociedad, en ese sentido, las personas con discapacidad no solo forman parte activa de la economía, sino que también contribuyen a su sostenimiento. 

Desde siempre he tenido el deseo de crecer personal y profesionalmente. En mi mente surgió la idea de que, si logré avanzar en mis estudios sin contar con adecuaciones curriculares, también podría desempeñarme en puestos de alto nivel dentro de una institución, especialmente en áreas relacionadas con la discapacidad.

Hablar de trabajo para las personas con discapacidad sigue siendo, lamentablemente, hablar de exclusión estructural. Implica enfrentar barreras físicas en los espacios laborales, transporte inaccesible, prejuicios que cuestionan nuestras capacidades y sistemas que no garantizan condiciones equitativas.

La falta de entornos accesibles y de transporte público adecuado, limita seriamente las posibilidades de generar ingresos, especialmente para quienes requieren asistencia para movilizarse y dependen día a día de la economía informal para subsistir. El principio de accesibilidad universal, debería ser un derecho y no un privilegio.

Mi experiencia como trabajadora en el Ministerio de Educación, marcó un momento difícil en mi vida. En ocasiones, enfrento situaciones de discriminación, prejuicio y exclusión que afectan profundamente mi bienestar emocional y psicológico, debilitando mi autoestima y los sueños que tengo de generar un cambio. 

En la práctica, ejercer el derecho al trabajo significa superar obstáculos adicionales que afectan la autonomía, la dignidad y la posibilidad de una vida independiente. La educación, formación y procesos de contratación, todavía no priorizan completamente la inclusión y entornos laborales adecuados. 

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, reconoce el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, incluyendo la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. Asimismo, la Constitución Política de la República establece la protección y el fomento del empleo para las personas con discapacidad. No obstante, se necesita modernizar el enfoque de derechos humanos y así evitar el uso de términos como “minusválidos”. 

La sociedad civil también puede acuerpar estas luchas, fiscalizando, informando, y exigiendo. Porque la indiferencia también se resiente en la sociedad. Las políticas públicas se deben construir junto a nosotras, como sujetas de derecho, para que sean inclusivas, con accesibilidad universal y oportunidades laborales dignas para todas las personas.

Es tiempo de cuestionar, de actuar y de construir un país donde nadie quede fuera. Es momento de pasar del compromiso a la acción. La historia no la cambian solo las estructuras, la cambian las personas… y ese cambio empieza contigo también. 

A pesar de todo, mi historia no solo refleja los desafíos que he enfrentado, sino también la fortaleza que he desarrollado para seguir adelante. Y todo eso me hace reafirmar que es imprescindible garantizar entornos accesibles e inclusivos.

Reflexiono y pienso que mi mayor motivación es contribuir a que las nuevas generaciones no tengan que atravesar las mismas barreras, promoviendo una sociedad más inclusiva, equitativa y consciente.

El cambio no puede esperar. La dignidad tampoco.

Autora: Dina Lémus.